REUNION CENTRO NORTE - DIRECTORIO ANFUMIP

Estimados colegas, a continuación les presentamos fotografías tomadas en reunión realizada el día Jueves 19 de julio entre parte del DIRECTORIO DE ANFUMIP con Funcionarios y Fiscales de la Fiscalía Regional Centro Norte.

Reunión que tuvo caracter de "informativa" en relación a los requerimientos presentados ante el MP al Ministro de Justicia Carlos Maldonado.

"Es posible un colapso de la justicia penal por el estrés al que están sometidos los funcionarios”

Entrevista a Presidenta de ANFUMIP, Diario "El Día", de La Serena.

La presidenta nacional de la Asociación de Funcionarios del Ministerio Público, Mabel Iturrieta; admitió que la reforma procesal podría sufrir un revés.

Su visión es lapidaria, pero real. La presidenta nacional de la Asociación de Funcionarios del Ministerio Público, Mabel Iturrieta, adelantó un colapso de la justicia penal, por la sobrecarga laboral a la que están sometidos los integrantes de la entidad. Planteó que, en los últimos años, se le han agregado funciones que no estaban contempladas en la reforma inicial. Sin embargo, la ex seremi de Justicia de la Región de Coquimbo, planteó que la mayor lucha que están dando es lograr que sean considerados en la misma escala remuneracional del Poder Judicial. La entidad que preside reúne a los funcionarios no fiscales de todas las fiscalías del país y se estima que son 2.100 funcionarios. “Incluye a profesionales, administrativos y de toda índole, además de técnicos y auxiliares. Nuestras demandas partieron y fueron gatilladas por todas las demandas de mejoramiento de las remuneraciones del Poder Judicial. La ley dice que tanto el Poder Judicial y el Ministerio Público deben tener remuneraciones similares, pero nosotros fuimos expresamente excluidos de ese proyecto de ley”. -¿Es una buena señal que se presenten estas complicaciones cuando la reforma lleva poco tiempo funcionando? “Las organizaciones nacen al fragor de las necesidades que van planteando los propios funcionarios al interior de las entidades. Al inicio hubo una asociación de funcionarios, pero que no dio resultado y fue deshecha por las propias autoridades del Ministerio Público, pero es la misma autoridad que hoy nos dio el espacio para formar esta agrupación“. -¿Se sienten postergados, discriminados? “La palabra es poco visualizados. La cara del Ministerio Público son sus fiscales y son ellos los que van a juicio, pero detrás de este trabajo esta labor de los funcionarios de la institución y la visualización que tiene la comunidad de estas personas son bastante nulas. Nosotros buscamos mejorar las condiciones laborales, de vida y económicas de estas personas y ahora, coyunturalmente, a propósito de la ley de homologación, lograr que seamos incluidos dentro de esta iniciativa legal”. -Pero la sensación es que ustedes están mucho mejor que cualquier entidad... “Sí. De hecho somos una entidad que gozamos de ciertos niveles remuneracionales bastante mejores, pero también están los principios establecidos en la normativa y que siempre se pensó de esa manera cuando se llevó adelante la reforma, que fue que los funcionarios del Poder Judicial ganaran lo mismo que los del Ministerio Público. La razón es que nosotros recibimos el 100 por ciento de la demanda penal en Chile, mientras que los tribunales de justicia, reciben sólo el 38% y es lo que nosotros judicializamos”. MAYORES FUNCIONES -¿También han sido tocados por la falta de personal? “Uno de los primeros temas que quiero mencionar a nivel regional es la multiplicidad de funciones y la escasez de dotación para cumplir esta cantidad de tareas porque se nos ha adicionado la atención de la gente por violencia intrafamiliar y la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil”. -¿Eso no estaba dentro del paquete inicial? “No se encontraba el año 2000 cuando partimos en la región y todo eso hay que hacerlo con los mismos funcionarios”. -Esto ¿afectará la calidad del servicio y los resultados? “Por los esfuerzos de los funcionarios difícilmente puede afectar la calidad, pero sí afectará la calidad de vida de las personas en cuanto a su familia y que es justamente lo más delicado que tenemos y debemos cuidar al interior del servicio. Podemos tener metas altísimas y exigencias de calidad, pero si nuestros funcionarios no podrán cumplirlas dentro de las horas de trabajo, la verdad es que no tienen ningún sentido. Si vamos a tener funcionarios con las vidas personales destruidas, divorciados, separados, la verdad es que no es mucho lo que se puede avanzar desde el punto de vista profesional en este sentido. Justamente, la asociación es la que viene a velar por esta calidad de vida personal y profesional de los funcionarios”. -Con esto quiere decir que ¿los privilegiados serían los fiscales? “No, en este caso estamos en igualdad de condiciones porque si bien los fiscales poseen labores distintas a la que hacemos los funcionarios, ellos también tienen que soportar estas nuevas tareas que nos han sido adicionadas por los legisladores”. -En el futuro ¿teme que se genere un colapso en esta nueva justicia? “Sí, es posible un colapso de la justicia penal por el lado del colapso que pueden sufrir por el estrés al que ya están sometidos los funcionarios del Ministerio Público. Tenemos altos niveles de licencias médicas, cuando eso ocurre, son los funcionarios que se quedan los que tienen que soportar el trabajo de quien sale, porque no hay suplencias y cuando llegó el que estaba con licencia, hay otros que también colapsaron. Hay funcionarios que están tremendamente estresados y desgastados y no es por falta de compromisos, sino que por un tema de carácter humano y racional en cuanto a las cargas de trabajo y dotación de los funcionarios para estas nuevas tareas que se le han adicionado excepcional. Eso tiene que ver cuando se proyectaron el número de causas, las cuales no tienen nada que ver con el número que tenemos actualmente”. -¿Se mintió? “Creo que hubo errores, no mentiras. Hubo errores de cálculo reales que hoy día nosotros estamos soportando. Cálculo en el número de demandas y causas que íbamos a recibir. Por ejemplo, puede haber un error del 30, 40 y 50 de los niveles de denuncias que el Ministerio Público iba a recibir en relación a la dotación que se nos dio y ese error ha ido siendo corregido de una manera muy parcelada y a nivel de funcionarios, no ha existido mayor corrección”. -Quienes verán con agrado esta realidad ¿son los que cometen delitos? “Ninguna parte de la sociedad puede ver con agrado que un servicio vital como el Ministerio Público que es un organismo autónomo puede colapsar, porque sin duda que los funcionarios tienen un alto compromiso y lo colocarán por sobre sus tareas personales, pero todo tiene un límite. El compromiso del funcionario no es sostenible en el tiempo sino que no va aparejado por compensaciones horarias o remuneracionales”. -¿Han sido escuchados o han recibido portazos? “La verdad es que llevamos como entidad asociativa menos de un mes y hemos sido oídos por el fiscal nacional, Guillermo Piedrabuena, y su plana ejecutiva, aunque no tenemos que pedirle permiso a nadie porque está protegida por la ley. A él le quedan 5 meses en el cargo de fiscal nacional y lo que él desea es que la entidad se constituya y hablemos con las nuevas autoridades del Ministerio Público para presentarle las demandas. La idea es lograr un mayor afinamiento mientras él esté”. -¿Con eso están pidiendo que el nuevo fiscal nacional deberá enfrentar este tema como principal tarea? “Sí, aunque también nos hemos reunido con el ministro de Justicia, el senador José Antonio Gómez que es presidente de la Comisión Legislación y Justicia y con la senadora Soledad Alvear y quien fue ministra de Justicia. Ella se mostró sorprendida de que en el proyecto de ley no estuvimos incluida porque fue quien hizo la reforma. Se comprometió a efectuar las consultas al Ministerio de Justicia y Hacienda. El ministro de Justicia nos dijo que los dineros nunca habían estado en duda”. ¿SISTEMA EN JAQUE? -¿Están conscientes que puede colocar en jaque el sistema? “Ojalá no lleguemos a ese punto, pero creo que contamos con las herramientas legales para hacer valer nuestras pretensiones que son legítimas”. -¿Y si no resulta? “Ese camino lo evaluaremos en su momento, pero sabemos que contamos con las herramientas legales de presión para hacernos oír”.